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La PAH frena la ejecución hipotecaria de una pareja de Los Barrios
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Campo de Gibraltar negoció con el banco, quien accedió a la reestructuración de la deuda.
Tras la mediación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la entidad accedió a la aplicación del "Código de Buenas Practicas", lo que permite a la familia pagar una pequeña mensualidad durante cinco años.
Enrique, uno de los miembros de la pareja: "Ya perdí mi casa a manos de un banco, ahora iban a por la de mi pareja. Sin la ayuda de la PAH... no quiero ni pensar que habría sido de nosotros"
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La PAH continua manifestándose diariamente ante las delegaciones de la Junta y del Gobierno, así como ante el Ayuntamiento de Algeciras. Al igual que durante la pasada campaña electoral.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Campo de Gibraltar exige a los políticos sus cinco reivindicaciones fundamentales: dación en pago, alquiler asequible, fin de los desahucios y suministros garantizados.
María del Carmen Pérez, portavoz de la PAH: "la orden de desahucio venía a nombre de los anteriores propietarios. Pero nos preocupaba que al final del documento indicaba que el alzamiento va también en contra los ocupantes de la vivienda"
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Un local para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del Campo de Gibraltar
Actualmente celebra sus asambleas en una oficina cedida por el Sindicato CNT (Confederación Nacional del Trabajo), en la Algecireña calle Rafael de Muro, con capacidad insuficiente para el ingente número de casos que atiende.
Mari Carmen Pérez, portavoz de la PAH: "efectivamente, deben implicarse todas las administraciones".
1º DE MAYO
"Nosotros rescatamos a las personas, el Gobierno rescata a los banqueros"
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del Campo de Gibraltar, participa en la manifestación del Primero de Mayo.
María del Carmen Pérez, portavoz de la PAH en el Campo de Gibraltar
DOMINGO 1 DE MAYO 11:30 Plaza Alta, Algeciras
Ante la próxima convocatoria electoral, La PAH pide no votar a los partidos que no recojan en sus programas sus cinco reivindicaciones fundamentales: dación en pago, alquiler asequible, fin de los desahucios y suministros garantizados.
La cancelación de la totalidad de la deuda con la entrega de la vivienda, objetivo de La Plataforma
“Solo en Algeciras hemos contado más de 200 viviendas vacías pertenecientes a los bancos”
La PAH frenó otro desahucio en la calle Algeciras, en Tarifa, en una calle en la que hay hasta 14 viviendas ocupadas.
Negocia con Bankia dos alquileres sociales en Algeciras para evitar dos casos más de desahucios. El día 27 se celebró una vista.
"El abogado del Banco de Santander está presionando mucho y se hace difícil una solución"
Son diez los casos del Banco Santander en Algeciras, cinco de ellos de viviendas ocupadas y cinco de ejecución por no poder afrontar la hipoteca, desde la PAH denuncian que el abogado del banco está presionando mucho y se hace difícil una solución.
Además, recuerdan el caso de la calle Buitre, en El Rinconcillo, con 18 viviendas ocupadas que tienen hasta el día 2 de mayo para intentar evitar el desahucio, para lo que ya está mediando la PAH.
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Una moción del grupo municipal Algeciras Sí Se Puede:
El Ayuntamiento de Algeciras aprueba por unanimidad actuar en la prevención de desahucios crear de una oficina municipal de defensa de la vivienda
El alcalde paró el pleno para dar la palabra a la portavoz de la Plataforma Anti-Desahucios del Campo de Gibraltar
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española proclama como principio rector de la política social y económica el derecho de todos los españoles/as a una vivienda digna y adecuada y dirige un mandato a los poderes públicos (artículo 47) para que promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
El derecho a la vivienda está indisolublemente unido a otros derechos fundamentales, como el derecho a la protección del hogar y el derecho a la vida privada y familiar, reconocido también como derecho fundamental en el artículo 18 de la Constitución Española y en el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por España.
En la pasada legislatura el Estado español ha adoptado algunas medidas legislativas para proteger a los deudores hipotecarios, como el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social y la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.
Pero estas medidas además de resultar insuficientes, no son de aplicación a la mayoría de los desahucios que se producen en esta ciudad, que lo son por impago de rentas del alquiler y derivan en situaciones extremas de emergencia social con el desalojo. Mientras no se avanza en la promulgación de leyes que combatan de forma efectiva los desahucios, aumenten la protección de las personas y aseguren el derecho básico a la vivienda, las distintas administraciones se están comprometiendo en muchos casos a adelantar soluciones en el marco de sus posibilidades y competencias.
La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece, en el artículo 25, entre las competencias propias de los municipios, además de la promoción y gestión de la vivienda de protección pública, la “Evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Los Municipios ejercen sus competencias propias en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, si bien atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.
La legislación autonómica atribuye a los Ayuntamientos la competencia para la elaboración y aprobación de los correspondientes planes municipales de vivienda y suelo, en cuyo contenido, según se recoge en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, los municipios deben de establecer, entre otras programaciones que se enumeran en el artículo 13.2, “Las restantes medidas y ayudas que se consideren necesarias para garantizar la efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada”.
El Grupo Municipal “Algeciras, Sí Se Puede” insta al Ayuntamiento de Algeciras, en cumplimiento del mandato constitucional, a promover en el ámbito de sus competencias, las medidas que estén a su alcance y que contribuyan a defender el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los algecireños/as.
Ninguna familia en riesgo de desahucio debería tener esa amenaza sobre sus cabezas, porque la experiencia nos dice que son situaciones en las que los problemas se acumulan y afectan a muchas facetas vitales: desempleo de larga duración o sub-empleo, otras deudas, salud deteriorada, estados de shock, ansiedad, relaciones familiares alteradas, sentimientos de fracaso, angustia...
Por eso es necesario un abordaje integral, aunando perspectivas jurídicas, financieras y sociales. En este sentido, los sistemas integrados de Servicios Sociales y de Vivienda, pueden y deben actuar como interlocutores públicos que movilicen y ordenen los recursos urgentes y necesarios para que la unidad familiar afronte la situación con garantías de éxito.
Por todo ello el Grupo Municipal “Algeciras, Sí Se Puede” propone la siguiente
MOCIÓN
Que con el propósito de prevenir y paliar las situaciones de desahucio de las viviendas que constituyan el domicilio habitual de los ciudadanos de Algeciras, especialmente los que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, se debe establecer un PROTOCOLO MUNICIPAL DE ACTUACIÓN -ya existente en otros municipios de la provincia- PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS POR DESAHUCIO DE SU VIVIENDA HABITUAL y, con la finalidad de realizar un abordaje de la problemática de manera integral, se debe de crear también una OFICINA MUNICIPAL DE DEFENSA DE LA VIVIENDA, como instrumentos de actuación y de coordinación de medidas a implantar para evitar las situaciones de exclusión social derivadas de la pérdida de la vivienda.
Que el Protocolo podría tener el siguiente contenido:
1.- Objeto del Protocolo municipal.
Cada año son más de 40.000 familias en España las que se ven obligadas a abandonar sus viviendas por no poder pagar ya sea su alquiler o su hipoteca. El objetivo de este documento es establecer un Protocolo de actuación con medidas concretas. El punto de partida será el documento de derivación que los distintos organismos (Servicios Sociales, Juzgados, Colegio de Abogados, PAH y otros) hagan llegar a la Oficina Municipal de la Vivienda, desde donde se procurará una atención inmediata por parte del conjunto de profesionales (trabajador/a social, abogado/a, educador/a) que incluirá la valoración y la atención social, la mediación y el asesoramiento legal, el acompañamiento y el empoderamiento. Junto con la persona afectada se señalará la hoja de ruta a seguir desde ese momento en busca de soluciones.
Podrán acceder a esta Oficina quienes se enfrenten a esta grave situación de riesgo de pérdida de la vivienda habitual, estén incursos en un procedimiento de desahucio, de ejecución hipotecaria o tengan señalado el lanzamiento de su vivienda habitual, ya sea esta una vivienda en alquiler o de propiedad. En definitiva, quien se encuentre en una situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional.
2.- Formas de acceder al servicio de ayuda y asesoramiento.
Las personas podrán tener acceso a este servicio a través de las siguientes vías:
a) Dirigiéndose a la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, en el lugar que establezca el Ayuntamiento o de forma telemática.
b) A través de la diferentes delegaciones u organismos (Juzgados, Servicios Sociales, PAH, Policía Local, etcétera). En este caso, deberá rellenarse un formulario habilitado para ello, el cual se remitirá a la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda.
3.- Oficina Municipal de la Vivienda.
La Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda se creara como un servicio que coordinará la estrategia municipal de actuación encaminada a la defensa del derecho a la vivienda para prevenir situaciones de riesgo de pérdida del domicilio habitual y evitar los desahucios. Desde esta oficina se prestarán los servicios de orientación, atención social, asesoramiento jurídico, intermediación con las entidades financieras, propietarios o administradores de fincas y acompañamiento social a los ciudadanos y ciudadanas que se encuentren en situación de vulnerabilidad para la defensa de sus intereses, a los que se atenderá de forma individualizada, preservando su intimidad.
Este servicio municipal actuará como instrumento de coordinación transversal entre los distintos servicios de los que se requiera alguna intervención en el Protocolo que se apruebe: Asuntos Sociales, PAH, Juzgados, Colegio de Abogados, Policía Local y Nacional, Entidades Financieras, Oficinas de Atención al ciudadano, Oficinas de Atención al consumidor, y otros que pudieran intervenir. En esta línea, además de la coordinación permanente entre Asuntos Sociales y Vivienda, se deberán mantener encuentros con el Decanato de los Jueces y con el Colegio de Abogados y se seguirán manteniendo en lo sucesivo con el conjunto de actores. Para la recepción de los casos, se establecerán acuerdos y se diseñarán los documentos oportunos al objeto de recibir la información que se necesita.
Especialmente, la coordinación de esta oficina municipal con la Oficina en Defensa de la Vivienda de la Delegación de Vivienda de la Subdelegación de la Junta de Andalucía, con los Órganos Judiciales para la detección precoz de los procedimientos de desahucio y con el Colegio de Abogados y Abogadas para la actuación en sede judicial, se realizará en los términos en que se determine en los correspondientes Convenios de Colaboración, que se unirán como anexo al Protocolo que se apruebe.
Asimismo cuando sea la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda la que realice la derivación a cualquier otro servicio lo hará de forma coordinada con el mismo, informando a la persona usuaria desde ese mismo momento, la fecha y hora de la cita en la que será atendida en el servicio al que se ha derivado.
4.- Coordinación municipal del Protocolo.
Será responsable de la Coordinación General del Protocolo la Concejala de Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras o el Concejal o funcionario en el que el Alcalde delegue.
Previa a la puesta en marcha de este protocolo y durante su funcionamiento, se realizarán las reuniones necesarias para establecer la coordinación entre los trabajadores de la oficina.
Se creará una Comisión para el seguimiento de este Protocolo compuesta por las Concejalas de Vivienda y de Asuntos Sociales, un Técnico/a de la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda, un Técnico/a de Asunto Sociales, dos personas representante de los colectivos sociales, una persona representante de la Oficina en Defensa de la Vivienda de la Junta de Andalucía.
La Comisión se reunirá de forma periódica trimestralmente para hacer el seguimiento de los casos que estuvieran en curso y será convocada por la Concejala o funcionario responsable de la Coordinación del Protocolo. Asimismo se prevé la revisión del presente protocolo a los seis meses de su firma, mediante la reunión con aquellas instituciones que han colaborado en el mismo.
Para proceder a la evaluación del programa se consensuarán una serie de ítems o marcadores de éxito y consecución que garanticen la evaluación de manera objetiva de los objetivos.
5.- Conclusión.
En definitiva, este Protocolo camina en la intención y en el deseo de poner fin a los desahucios y consecuentemente a los lanzamientos. Este es solo el primer paso de una serie de actuaciones a las que se irá dotando de manera progresiva de otros recursos y herramientas que, enmarcadas en el próximo Plan Municipal de la Vivienda, consiga hacer prevalecer siempre la dignidad de las personas, el derecho a la vivienda y la garantía de los suministros básicos.
Ejecución hipotecaria por un retraso de unos 8 meses.
“Nos decían del Ayuntamiento que tenían desde hace tres años una oficina de intermediación. Son los trabajadores sociales del ayuntamiento los que la llevan”
Mari Carmen Pérez, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en declaraciones a Viva Campo de Gibraltar.
La PAH firmó una moción presentada por Los Barrios Sí Se Puede para declarar el municipio libre de desahucios.
Ejecución hipotecaria por un retraso de unos 8 meses sin pagar la vivienda:
“Podrían haber tomado medidas el Ayuntamiento, mediante el Código de Buenas Prácticas (CBP), pero lo han dejado pasar. Vimos que se podía optar a este CBP para buscar una refinanciación, de manera que no hubiese perdido la casa. Tenía 50.000 euros de deuda que no pudo afrontar por estar en el paro”.
Desde el lunes y hasta el jueves, la PAH está participando en la campaña electoral, manifestando ante las Delegaciones de la Junta, El Ayuntamiento... las cinco medidas de mínimos que resolverían la emergencia habitacional en la que nos encontramos:
#Las5delaPAH
1. Dación en Pago Retroactiva
2. Alquiler Asequible
3. Stop Desahucios
4. Vivienda Social
5. Suministros Garantizados
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