viernes, 2 de agosto de 2013

Caso GAMA. El PSOE denuncia a Romero por conceder a un particular la gestión del vertedero municipal

Los responsables aprovechaban la noche y las lluvias para tirar los residuos a un arroyo

Leer en Diario ÁREA.-

El alcalde de Los Barrios está “encantado” de acudir a los juzgados a “defender mi inocencia, como ha ocurrido en otras denuncias del PSOE que han quedado archivadas”.

Leer en Europa SUR.-

La fiscalía abre una investigación penal por las irregularidades

Recordar en El PAÍS.-

Medio Ambiente precinta la planta de Gamasur en Los Barrios

No siempre se sabe por el humo donde está el fuego. El humo en esta caótica historia es la espuma que provocan los vertidos que periódicamente aparecen en el arroyo Chorreón, en el término municipal de Los Barrios. Los grupos ecologistas gaditanos se han quedado roncos de tanto denunciar este asunto durante años. Pero nunca se localizaba el fuego. Hasta ahora, cuando se ha cazado a los culpables de los vertidos tras meses de investigación. La delegación en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha decretado esta semana el cierre cautelar de la planta de residuos industriales no peligrosos de Gamasur.

De estas instalaciones partían los vertidos que presuntamente se realizaban de forma deliberada, según se desprende de la investigación de los agentes medioambientales. El arroyo dañado es un afluente del río Guadacorte, que a su vez desemboca en el paraje protegido de las Marismas del Palmones, integrado en la Red Natura 2000 europea.

"Los vertidos se habían disparado desde hace dos años", detalla Francisco Rebolledo, presidente de Agaden (Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza). Este grupo lleva más de cinco años denunciándolo. Pero Rebolledo admite que los autores sabían "camuflar" sus actos. Los vertidos se realizaban de noche, coincidiendo con episodios de lluvias y en fines de semana o festivos. "Las inspecciones rutinarias no daban resultados", reconoce uno de los responsables de la Junta que ha participado en el operativo que se montó para localizar el origen.

Parecía evidente que procedían del denominado Complejo Medioambiental del Sur de Europa. Pero en estas instalaciones operan tres plantas de tratamiento de residuos, entre ellas, la de Gamasur. Así que, a finales de 2012, se montó un operativo —formado por 12 técnicos y agentes— para localizar a la empresa contaminante. Tras guardias de 24 horas, los días 23 y 30 de marzo y 4 de abril se detectaron vertidos de lixiviados (los desechos líquidos que surgen tras el proceso de tratamiento de algunos residuos industriales). "Estos episodios son definitivos para obtener los indicios y pruebas que nos permiten hablar de vertidos deliberados", apunta la consejería. Y se constató que el origen era Gamasur.

En esta planta hay cuatro balsas, dos de lixiviados y otro par para aguas pluviales contaminadas por lixiviados. Según uno de los responsables de la investigación realizada por Medio Ambiente, las cuatro estaban conectadas a través de un sistema de canalizaciones. Esta red, señala esta misma fuente, tenía un aliviadero que conducía al arroyo. La empresa, lógicamente, no tiene permiso para desalojar los residuos al cauce del Chorreón.

El 10 de abril los agentes realizaron una inspección en la planta y detectaron una ristra de irregularidades. Las pesquisas de los técnicos se centraron en 105 bidones tipo GRC con capacidad para 1.000 litros. La composición de los residuos que se guardaban dentro se está analizando, ante las dudas sobre su origen. Los técnicos apuntan a que dentro de los contenedores había desechos en estado líquido, cuando la normativa obliga a que lo depositado en este tipo de bidones tenga un grado de humedad por debajo del 65% para evitar filtraciones. Además, también se encontraron contenedores enterrados con los desechos en el mismo estado, lo que podría provocar fugas contaminantes.

Al margen de decretar el cierre cautelar, la Junta ha iniciado un expediente sancionador. Y la fiscal especializada en medio ambiente Patricia Navarro ha abierto una investigación penal.

La empresa, de momento, no ofrece su versión. Una portavoz de FCC Ámbito, de la que depende Gamasur, afirma que se está "investigando" el caso. FCC ha desplazado a un equipo para analizar la gestión que se realiza de los residuos en la planta.

No solo el tratamiento de los desechos parece caótico en estas instalaciones. El barullo también está instalado en su accionariado. Hace unos años, el 85% de Gamasur era de FCC y el 15% restante de una sociedad municipal de Los Barrios. "Ahora no sabemos nuestra participación", reconoce el delegado del área de Medio Ambiente de este Ayuntamiento gaditano, Miguel Alconchel. Cree que puede rondar el 5%. Pero es solo una estimación, porque la empresa municipal GAMA está en concurso de acreedores desde hace un año. Su gestión y las cuentas están en manos del administrador judicial. "Hubo ampliaciones de capital y no conocemos la participación actual", insiste Alconchel, quien también lamenta el daño ocasionado con los vertidos.

Leer en Partido Andalucista.-

Estas declaraciones del alcalde las ha realizado tras la última denuncia interpuesta por el PSOE de Los Barrios en la que acusa al primer edil de  dejar en manos de un privado el vertedero de propiedad municipal, y por la no aplicación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Retirada, Transporte y Tratamiento de Residuos Inertes.

Ante este hecho, Romero ha destacado que esta reacción demuestra que “los socialistas están muy nerviosos con el informe del administrados concursal de GAMA, pienso que es para estarlo. Esta es una pataleta más del PSOE responsable de la ruina de este pueblo”.

El primer edil está a la espera de que “el PSOE pida perdón por las gestión tan desastrosa de GAMA y por la nueva deuda con acreedores de 65 millones de euros más 21 millones de euros que debe devolver el Ayuntamiento a esta empresa de ingresos recibidos. Un nuevo boquete económico para este Ayuntamiento que es víctima de la mala gestión de los gobernantes anteriores. Esta nueva deuda supone alrededor de 3.700 euros por habitante, por dignidad deberían pedir perdón a este pueblo”.

Por último, Romero ha matizado que todavía quedan los informes de Iniciativas Los Barrios, Radio Televisión Los Barrios, la de Recaudación y otra sociedad tapada como es Agrival. “Me temo que vendrán más sorpresas similares al de Gama, ejemplo de la gestión especuladora de los anteriores gobernantes que se han encargado de hundir a este pueblo que tan buen futuro y potencial tenía, y que ahora debe pagar las tropelías de los socialistas”.


Leer en EuropaSUR.-

El PSOE de Los Barrios anunció ayer que ha presentado una denuncia en el juzgado contra el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, por supuestos delitos de prevaricación y exacciones legales, al dejar en manos de un privado el vertedero de propiedad municipal, y por no aplicar la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Retirada, Transporte y Tratamiento de Residuos Inertes -gestión de la que se ocupaba la empresa pública municipal GAMA-, a pesar de que dicha normativa continúa en vigor y no ha sido derogada.

"A través de dicha denuncia hemos puesto en conocimiento de la autoridad judicial y la fiscalía que el consejo de administración liquidador de Gama, presidido por Jorge Romero, ha cedido a una empresa particular, para su propio lucro, el vertedero de inertes, unas instalaciones que son de titularidad municipal, sin que el Ayuntamiento sea perceptor de compensación alguna por ello y sin que haya habido proceso legal de adjudicación, contraviniendo la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas", señaló ayer el grupo socialista en un comunicado.

Leer en Diario ÁREA.-

Por su parte, el alcalde consideró que se trata de una pataleta del PSOE y aseguró estar deseando ir al juzgado. "Es otra denuncia falsa de las muchas que anuncia hacia mi persona", indicó Jorge Romero, quien aseguró que acudirá cuando se le cite para demostrar su inocencia. "Esperaba que el PSOE explicara donde están los 65 millones de GAMA, de la que no han dicho nada", apuntó.

Leer en Europa PRESS.-

   Informa el PSOE, mediante un comunicado, que a través de dicha denuncia han puesto en conocimiento de la autoridad judicial y la fiscalía que el consejo de administración liquidador de Gama S.L., presidido por Jorge Romero, ha "cedido a una empresa particular, para su propio lucro, el vertedero de inertes, unas instalaciones que son de titularidad municipal, sin que el Ayuntamiento sea perceptor de compensación alguna por ello y sin que haya habido proceso legal de adjudicación, contraviniendo la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas", señalan desde el grupo socialista.

    El PSOE recuerda que dicho vertedero se encuentra ubicado en unos terrenos que fueron expropiados por la administración municipal y obtenidos, por tanto, "por debajo del precio de mercado para ponerlos a disposición de la empresa adjudicataria del servicio de recogida, transporte y tratamiento de inertes". Y recuerda igualmente que "tanto la inversión para la adquisición del suelo como para la construcción del complejo se ha financiado con el precio cobrado por dicho servicio, como reza en el contrato a través del que se formalizó la concesión".

   Los socialistas también han puesto en conocimiento del juzgado que el Ayuntamiento lleva 22 meses sin cobrar la referida tasa. Hecho que atribuyen "a una decisión arbitraria del actual alcalde, con la aquiescencia de su equipo de gobierno, y que, según los estudios económicos realizados, ha supuesto ya un perjuicio para las arcas municipales de al menos de 4 millones de euros".

   Para los asesores jurídicos del grupo municipal socialista, "las actuaciones de Romero en este asunto pueden ser constitutivas de un delito de prevaricación, que conlleva pena de inhabilitación para el desempeño de empleo y cargo público por un período de siete a diez años. También pueden ser constitutivas de un posible delito de fraude contra la administración pública, que, además de inhabilitación, conlleva pena de prisión de 1 a 3 años, y un posible delito de alzamiento de bienes, castigado igualmente con cárcel", concluyen.


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