El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado este miércoles que 518 ayuntamientos presentaron especiales problemas financieros estructurales.
La Línea y Los Barrios, se incluyen entre los municipios con especiales dificultades
Beteta, ha anunciado este miércoles que existen 3.457 ayuntamientos que cerraron 2012 con superávit, pero otros 518 que presentaron especiales problemas financieros estructurales, como remanentes de tesorería negativos o deudas con acreedores públicos
El Gobierno ofrecerá ayuda a esos 518 ayuntamientos españoles que tienen especiales problemas financieros a cambio de su compromiso a través de un plan de ajuste que incluya aspectos como la reducción de gastos de funcionamiento, aumento de impuestos hasta la media o la prohibición de constituir nuevos entes públicos. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno aprobará un paquete de medidas de apoyo este viernes en Consejo de Ministros que ha avanzado hoy a los representantes de las entidades locales en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), reunida en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Según ha explicado, se estudiará la situación de cada ayuntamiento “caso por caso” para adoptar un plan individualizado para cada uno de ellos que incluya todas o parte de las medidas contempladas por el Gobierno. “Todo enmarcado en la condicionalidad porque el objetivo es recuperar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de las corporaciones locales”, ha dejado claro Beteta.
De los 518 ayuntamientos que el Gobierno tiene identificados como susceptibles de recibir estas ayudas, sólo 64 tienen una población superior a los 20.000 habitantes. Por comunidades, el mayor número se encuentran en Andalucía (112), Castilla-La Mancha (94) y la Comunidad Valenciana (61). En el caso del Campo de Gibraltar, La Línea y Los Barrios, se incluyen entre los municipios con especiales dificultades, situación que le fue trasladada al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante la reunión mantenida, la pasada semana, en Madrid.
Algunas de las medidas, avanzadas por Beteta, y con las que el Ejecutivo podría ayudar a estas entidades locales estarían dentro de su participación en los tributos del Estado, con anticipos o aplazamientos de reintegros que deban realizar, o con las deudas generadas con acreedores públicos, flexibilizando la concesión de los fraccionamientos de pagos tanto a la Agencia Tributaria como a la Seguridad Social. Además, estos municipios podrían disfrutar de excepciones en el régimen de endeudamiento o la financiación de remanentes de tesorería negativos. Plan de ajuste A cambio, deberán cumplir con un plan de ajuste para reducir gastos de funcionamiento, establecer un nivel de presión fiscal cercano a la media en aquellos casos que se encuentre por debajo -”que son muchos”, según Beteta-, o la limitación de no poder constituir ni participar en la constitución de nuevos entes u organismos públicos. Otras de las medidas que podrán exigirse a los municipios es la prohibición de ir “encadenando” prórrogas presupuestarias más allá de un año o la supervisión del destino de la liquidez obtenida dentro de una cuenta bancaria que será de titularidad de la entidad local pero restringida. “Su destino será supervisado por la Secretaría general de Coordinación Autonómica y Local, la liquidez obtenida deberá ser destinada a aminorar el importe de las obligaciones pendientes de pago”, ha explicado Beteta.
Este compromiso ha sido recibido “con satisfacción” por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, que ha celebrado que este mismo viernes se vayan a materializar estas ayudas “de carácter temporal y voluntarias” para los ayuntamientos con peores situaciones financieras.
Según ha apuntado, la situación de estos consistorios es ya estructural y no de decisión política, por lo que requieren de estas ayudas para aliviar su situación. “Se da una solución a estos ayuntamientos que están pasándolo mal”, ha celebrado Íñigo de la Serna, que ha garantizado que la FEMP estará presente en todo el proceso.
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